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Democracia

Ley Organica Tribunal Constitucional 137-11

La ley organica del Tribunal Constitucional y procedimientos constitucionales  ya está vigente, es la número 137-11. Fue promulgada el 13 de junio del año 2011 por el Presidente de la República, para fines de publicación en la  gaceta oficial.

La vigencia de esta ley afecta directamente a la ley orgánica de la Suprema Corte de Justicia ( ley 25-91 ) y deroga la ley de recurso de amparo ( 437-06 ).

Nuevo poder del Estado : autónomo e independiente

Ahora queda reducido el poder judicial, en lo que respecta a la justicia constitucional, la cual ya cuenta con un organismo autónomo de los tres poderes del Estado.  Ahora habría que decir: Poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial y poder constitucional.

Esa autonomía se fundamenta en la  Constitución y  los arts. 1,  3 y 18 de la nueva ley 137-11.

 Actividades esenciales del TC

Decidir 

  • sobre los recursos de inconstitucionalidad directa y casación de los difusos, tratados en el poder judicial.
  • Conflictos de competencia entre poderes o entre instituciones públicas
  • Control previo de la constitucionalidad de tratados internacionales
  • Casación de sentencias sobre acciones de recursos de amparo, hábeas data y hábeas corpus

Los objetivos y alcance de esta ley 137-11 son:

  • Regular al TC y el ejercio de la justicia constitucional
  • Asegurar la supremacía de la Constitución y sus principios
  • Tutelar el derecho internacional vigente
  • Garantizar los derechos fundamentales plasmados en al Constitución y el derecho internacional.

Boletín constitucional

Será el órgano de publicación oficial de lo relacionado con el Tribunal Constitucional. Ahora debemos estar pendiente de la publicación del Boletín Constitucional, además, de la Gaceta Oficial.

Justicia Constitucional

Es definida en el art. 5, como :

” la potestad del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial de pronunciarse en materia constitucional, en los asuntos de su competencia. Se realiza mediante procesos y procedimientos jurisdiccionales que tienen como objetivo sancionar las infracciones constitucionales para garantizar la supremacía, integridad, eficacia y defensa del orden constitucional, su adecuada interpretación y la protección efectiva de los derechos constitucionales”.

Infracción constitucional

Art. 6: se tendrá  por infringida la Constitución cuando haya contradicción del texto de la norma, acto u omisión cuestionado, de sus efectos  o de su interpretación o aplicación con los valores, principios y reglas contenidos en la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República Dominicana o cuando los mismos tengan como consecuencia restar efectividad a los principios y mandatos contenidos en los mismos.

Competencia del TC

Las asignadas en el art. 185 de la Constitución:

Artículo 185.- Atribuciones.  El Tribunal Constitucional será competente para conocer en única instancia:
1) Las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos,  reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a instancia del Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de  Diputados y de cualquier persona con interés legítimo y jurídicamente protegido;

2) El control preventivo de los tratados internacionales antes de su ratificación por el órgano legislativo;

3) Los conflictos de competencia entre los poderes públicos, a instancia de uno de sus titulares;
4) Cualquier otra materia que disponga la ley.

Integración TC

Compuesta por 13 jueces, abogados con 12 años experiencia en actividad jurídica, menores de 75 años, designados  por Consejo Nacional de la Magistratura  por 9 años, sin reelección.

Quórum de 9 miembros o más y deciden por mayoría. Asistencia obligatoria. No son recusables.

 Proceso y procedimiento constitucionales

Control concentrado de constitucionalidad

Es la potestad exclusiva del TC para recibir directamente una acción de inconstitucionalidad contra una norma que infrinja por acción u omisión alguna norma sustantiva.

Tienen calidad para acción el Presidente de la República, por lo menos la tercera parte de una de las cámaras legislativas o cualquier persona con “interés legítimo y jurídicamente protegido“.

La acción de inconstitucionalidad  debe:

  • Ser escrita
  • Presentada a la Secretaría del TC
  • Con cita expresa de las normas constitucionales que se consideren vulneradas.
  • Si cumple requisitos, pte. del TC remite para consulta al Proc. Gral. de Rep. y a la autoridad implicada.
  • Publicación de resumen de la acción.
  • Audiencia para presentación de conclusiones del accionante, Ministerio público y la autoridad implicada.
  • El TC tiene hasta 4 meses para resolver la acción de inconstitucionalidad
  • Notificación de sentencia a las partes involucradas.
  • Publicación de sentencia en el boletín constitucional.

Control difuso de inconstitucionalidad

Art. 51.-  Cualquier juez o tribunal del poder judicial apoderado del fondo de un asunto,  ante el cual se alegue como medio de defensa la inconstitucionalidad de una ley, decreto, reglamento o acto, tiene competencia y está en el deber de examinar, ponderar y decidir la excepción planteada como cuestión previa al resto del caso.

El TC tiene potestad para la revisión de todas las decisiones jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada a partir del 26 de enero de 2010, en los casos :

  • Si se declaró inaplicable por inconstitucional una norma,
  • Si viola un precedente del TC.
  • Si se violó un derecho fundamental.

 Control preventivo tratados internacionales

partir de la ley 137-11,  el Presidente de la República debe someter  los tratados internacionales suscritos al TC, antes de someterlos al Congreso. La finalidad es que el TC  ejerza sobre estos tratados un control previo de constitucionalidad. La decisión del TC  al respecto es vinculante al Congreso y Poder Ejecutivo.

Conflictos de competencia

Al  TC  le corresponde la resolución de conflictos de competencia de orden constitucional entre poderes del Estado o entre autoridades e instituciones públicas, salvo el caso en que la Constitución o la ley señale otra jurisdicción.

Acción de Hábeas Corpus

Art. 63 de ley 137-11:

Toda persona privada de su libertad o amenazada de serlo de manera ilegal, arbitraria o irrazonable tiene derecho a una acción de Hábeas Corpus ante un juez o tribunal competente, por sí misma o quien actúe en su nombre, para que se conozca o decida, en forma efectiva, sencilla, rápida y sumaria, la legalidad de la privación o amenaza de su libertad.

 Hábeas data

Art. 64 ley 137-11

Toda persona tiene derecho a una acción judicial para conocer de la existencia y acceder a los datos que de ella consten en registros o bancos de datos públicos o privados. En caso de falsedad o discriminación , exigir la suspensión, rectificación, actualización y confidencialidad de aquellos, conforme a la ley.  La acción de hábeas data se rige por el régimen procesal común del amparo.

 Acción de amparo

La acción de amparo es admisible contra todo acto u omisión de una autoridad pública o de cualquier particular que en forma actual o inminente, y con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, lesione, restrinja o altere o amenace los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, con excepción de los derechos protegidos por el Hábeas corpus y Hábeas data.

Es una acción libre de cualquier gravamen y es un derecho de cualquier persona física o moral ( empresa, ONG o cualquier grupo de personas). Debe ser ejercida antes de los 60 días de la violación ante el juez de primera instancia correspondiente.

El Defensor del Pueblo, cuando exista, tendrá potestad para emprender una acción de amparo en favor de la persona física,  moral

El Defensor del Pueblo o cualquier persona física o moral tiene facultad para emprender acción de amparo en lo que respecta a los intereses colectivos y difusos.

Astreintes : son las penalidades pecuniarias diarias, semanales o mensuales dictadas por un juez de amparo, con el fin de asegurar la protección del derecho fundamental de que trate la sentencia.

La sentencia sobre recurso de amparo se recurre ante el TC.

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Acerca de Lara Valerio

Fui técnico de perforadoras de tarjetas de 80 columnas en 1975, profesor de matemáticas del nivel medio, me gradué de ingeniero electricista. Entre 1979 hasta el 86 realicé un montón de cursos de sistemas informáticos. Trabajé en importantes proyectos de redes e internet. Espero que este fructífero acervo tecnológico sirva para el desarrollo socio-económico, la educación y las buenas prácticas de la democracia.

Comentarios

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