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Democracia

Proyecto de Reforma Constitucional 2008

Corroboro idiomático

El documento original del proyecto de reforma constitucional corriente usa por lo menos 5 palabras que no están registradas en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua o siquiera en algún texto del diverso tesoro lexicográfico de ésta.

Asimismo, ese texto político tiene por lo menos 16 párrafos con errores de redacción y ambigüedades que pudieran constituir fuente de conflictos de interpretaciones constitucionales y alegatos informales contra la dignidad de la República.

Los términos razonabilidad, confiscatoriedad, dominicanidad, congresional y sostenibilidad no son de uso apropiado en el idioma español. Este idioma  tendría carácter constitucional, de acuerdo al artículo 25 del proyecto de reforma.

La forma congresional se usa 6 veces en el documento del proyecto, a pesar de que el Diccionario de Dudas lo desaconseja e, inclusive, lo considera un calco censurable del inglés congressional.

Razonabilidad es una degeneración del lema racionabilidad. Del mismo modo es más aceptable el uso de sostenible en vez de sostenibilidad, de confiscación en vez de confiscatoriedad.

La frase proyectos de ley aparece 5 veces en la propuesta constitucional ¿No serías más apropiado decir proyectos de leyes? Además, aparecen errores de concordancia numérica en los artículos 16 y 26.

Sería menester que la Academia Dominicana de la Lengua tome partido para que se realice una supervisión que asegure el uso apropiado del idioma en la redacción final del proyecto de reforma constitucional, puesto que hasta Juan Antonio Alíx nos cuenta la debacle que surgió en el congreso cuando alguien escuchó corre burro en vez de corroboro.

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Boletín No.1 1 Proyecto Reforma Constitucional

Carta remitida a La Academia Dominicana de la Lengua

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Constitución Dominicana

Dictadura Financiera con Respaldo Constitucional

Todos los criterios presupuestarios que establecen las leyes a favor de por lo menos 4 instituciones públicas quedarían inoperantes, si el proyecto de reforma constitucional fuere aprobado sin modificaciones. En este caso se afectaría la independencia económica del poder judicial, de los ayuntamientos y se pondría en grave riesgo presupuestario a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y a los ministerios de la educación del país.

El artículo 108 concedería la facultad al Presidente de la República para la anulación por Decreto motivado de los arbitrios establecidos por los ayuntamientos.

El artículo 218 del proyecto de reforma establece que:

En la Ley de Presupuesto General del Estado se podrán conceder autorizaciones para reorientar rentas cedidas o asignadas y modificar leyes que establezcan un determinado gasto público, con carácter transitorio y de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Presupuesto.

Además, el texto constitucional no admite modificación legislativa del presupuesto, salvo el caso remoto de que la cantidad absoluta de los legisladores lo aprobaran, tal como lo establecería el artículo 216 y lo condicionaría el artículo 219.

La serie de artículos desde el 232 al 234 ratificarían los perfiles tradicionales de la Cámara de Cuentas, como una cuasi dependencia del Poder Ejecutivo.

En cambio, el artículo 187 establecería constitucionalmente la gestión presupuestaria participativa con referencia a los gobiernos municipales:

La inversión de los recursos municipales se hará mediante el desarrollo progresivo de presupuestos participativos que propicien la integración y co-responsabilidad ciudadana en la definición, ejecución y control de las políticas de desarrollo local.

En conclusión, la nueva constitución ratificaría el control absoluto del Poder Ejecutivo sobre formulación presupuestaria nacional, los ingresos estatales, las instituciones monetarias y deja a favor de este poder del Estado mecanismos ineficaces de supervisión del gasto público.

Participación Popular

El artículo 82 establecería la Iniciativa Legislativa Popular, si cuenta con el respaldo de por lo menos el 2% de los ciudadanos del registro electoral. Mas, no se establece alguna disposición transitoria que permitiera la eficacia inmediata de esa prerrogativa democrática.

También se contemplaría el Referendo Aprobatorio de la Reforma Constitucional, pero obvia el aspecto más importante, el proceso de reforma del momento, el cual plantea aspectos tan cruciales como la redefinición de la condición de dominicano, así como la creación de nuevas instituciones del poder judicial, electoral y financiero.

Está ausente en este proyecto de reforma el mecanismo electoral que contemple la revocación de mandato de funcionarios públicos.

En cambio, en el ámbito de los gobiernos municipales, existiría la posibilidad de que cualquier candidatura a una función electiva fuera formulada por alguna organización legal que no fuere de las instancias políticas, de acuerdo al artículo 182.

En ese mismo sentido, el artículo 189 establecería las instancias de participación como la Consulta Popular Municipal, el Referendo Local y la Iniciativa de Normativa Municipal.

El artículo 129 permitiría un Consejo Nacional de la Magistratura de 12 miembros, donde sólo uno de ellos representaría directamente al Poder Ejecutivo. Además, existirían delegaciones del Colegio de Abogado, las Facultades de Derecho y de los ex-jueces de la Suprema Corte de Justicia.

El gobierno del Poder Judicial y los Ayuntamientos constituirían, por tanto, instituciones más democráticas, pero con sus recursos supeditados al Poder Ejecutivo.

Trampas Constitucionales Potenciales

  • El artículo 72 no obliga a la comprobación de los respectivos quórum de Las Cámaras legislativas, salvo a solicitud de un interesado.
  • El artículo 104 sobre el periodo y nuevas postulaciones presidenciales es ambiguo y abre la posibilidad de que se use el subterfugio de la renuncia en víspera de final de mandato, con el fin de aprovecharse de la opción relacionada con el mandato diferente.
  • El artículo 106 convertiría en inoperante la facultad de la Asamblea Nacional de reemplazo del Presidente, en caso de que éste no preste juramentación formal, lo cual éste podría hacerla ante cualquier funcionario público, un regidor inclusive.
  • El artículo 114 daría facultad ilimitada a la Presidencia de la República para los nombramientos de subsecretarios mediante decreto. Esos funcionarios se les denominarían subministros.
  • El artículo 121 daría la misma facultad indeterminada al Poder Ejecutivo para la asignación de los niveles de las remuneraciones a los funcionarios públicos, lo cual por su carácter tan genérico y ambiguo abarcaría a los funcionarios de los demás poderes estatales.
  • El artículo 129 denomina Corte Suprema para referirse a la Suprema Corte de Justicia.

Mientras el Proceso de Reforma Constitucional prosigue su solapado curso, no existe en el país una acción articulada y eficaz que ponga al desnudo ese mamotreto que supuestamente nos conduciría a una Revolución Democrática.

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Acerca de Lara Valerio

Fui técnico de perforadoras de tarjetas de 80 columnas en 1975, profesor de matemáticas del nivel medio, me gradué de ingeniero electricista. Entre 1979 hasta el 86 realicé un montón de cursos de sistemas informáticos. Trabajé en importantes proyectos de redes e internet. Espero que este fructífero acervo tecnológico sirva para el desarrollo socio-económico, la educación y las buenas prácticas de la democracia.

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