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Constitucionalismo, Derechos Humanos, dictadura constitucional

Choque de trenes judiciales en RD

Por: Valerio Lara

7Dias.com.do, 12 de Enero del 2009, 8:28 AM

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Subero Isa, auguró un “choque de trenes” entre los organismos superiores del Poder Judicial, si se aprobara lo referente a la reestructuración de ese poder estatal, tal como lo plantea el proyecto de reforma constitucional.

La advertencia de ese magistrado surge ante la eventualidad de que una denominada Sala Constitucional tenga el mismo nivel jerárquico al de la SCJ en el ámbito de su competencia, lo que, según su consideración, sería el caldo de cultivo de conflictos institucionales.

Esa frase,  ya fue usada profusamente en Colombia a partir de la reforma constitucional de 1991, la cual crea una Corte Constitucional como tutela de los recursos de inconstitucionalidad contra decisiones de otras cortes superiores, las leyes aprobadas por el Congreso y los decretos presidenciales.

“Choque de trenes” tomó la primera plana en el año 2008, cuando la Corte Interamericana de los Derechos Humanos condenó al Estado colombiano debido a la incertidumbre que genera en los usuarios de la justicia esa disputa entre la validez de la tutela constitucional de las sentencias de otras instancias superiores de la justicia.

En ese mismo año, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura de ese país anuló algunas consideraciones de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, en la que condenó a la ex representante legislativa Yidis Medina, porque recibió soborno del gobierno para que votara a favor de la reforma constitucional que permitió la reelección presidencial en el año 2004.

Como si fuera poco, ayer unos sicarios asesinaron en Colombia a Luciano Gil, un hermano del presidente del Consejo de Estado, Enrique Gil. Este tribunal es la instancia superior para los asuntos contenciosos y administrativos.

¿El pecado original de los conflictos entre instancias judiciales colombianas es la dualidad de niveles jerárquicos o más bien es la forma de cómo ese Estado selecciona a los magistrados?  Como se apreciará, ambos factores son de considerable significación.

La respuesta se halla fácilmente cuando se pondera que 5 de los 7 jueces de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura fueron seleccionados por el Senado de las ternas que sometió la Presidencia de la República de Colombia. En consecuencia, este Consejo está completamente politizado a favor del Poder Ejecutivo y por ende anuló las implicaciones de cohecho contra altos funcionarios de la presidencia de la República  que expresó la sentencia de la Suprema colombiana.

Julio César Ortiz Gutiérrez, profesor de Derecho Constitucional y ex magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, opinó en el año 2007 que la rama judicial de Colombia inició su consolidación en los aspectos técnicos, administrativos y profesionales, a partir de las reformas constitucionales del año 1991. Mas los graves conflictos interinstitucionales del poder judicial del 2008 se sobreponen a estos avances tecnocráticos, a tal punto que amenazan al estado de derecho en Colombia.

Para una mayor potenciación de ese proceso de crisis judicial, a su vez, el Consejo Superior de la Judicatura tiene la potestad para la designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia  y los del Consejo de Estado, el tribunal para los asuntos contenciosos administrativos.

Otros detalles adicionales que auguran una debacle de la rama judicial, o en el mejor de los casos de su completa politización, es debido a que el mismo Poder Ejecutivo colombiano conforma también las ternas para la designación del Fiscal general Nacional y del Procurador General de la República. Así también participa con la Corte Suprema y el Consejo de Estado en sendas ternas para la elección de los magistrados de la la Corte Constitucional. Estas situaciones ternarias  evocan las crisis institucionales e inoperancia de la Cámara de Cuentas dominicana.

En ese año 2008, hasta el mismo beneficiario de esta barbaridad judicial, el presidente Uribe, formuló una propuesta para una nueva reforma judicial que  elimine la mayor parte de los mecanismos de selección mediante los cuales la rama judicial colombiana deriva en forma paulatina hacia su colapso como un Poder del Estado independiente.

El pecado original para que el sistema judicial dominicano trille el mismo camino que el colombiano sería también la nueva modalidad de selección de los delegados del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM)) y las dualidades jerárquicas entre sus organismos superiores. Es  este último aspecto que advierte el magistrado Subero, y es bien ponderado por  el Presidente Leonel Fernández y la mayor parte de los expertos  constitucionalistas. Mas el primer caso, sobre el modo de la selección  nadie lo toma muy en cuenta para sus respectivos pronósticos sobre la posibilidad del “choque de trenes judiciales dominicanos” y por ende de la eventualidad de una crisis institucional.

Lo más grave es que esta disputa no se limitaría al ámbito judicial, pues la falta de coherencia y de articulación a lo interno del mismo cuerpo del proyecto constitucional, daría pie a conflictos entre por una parte, el Poder Legislativo o la Suprema Corte de Justicia y por otra parte, El consejo Nacional de la magistratura  o la denominada Sala Constitucional.

Otra agravante  aún más tétrica sería que se conformara un movimiento popular que reivindicara su soberanía ante el Consejo Nacional de la Magistratura y exigiera una nueva reforma constitucional o una ruptura de la misma. Este reclamo tendría como fundamento la flagrante contradicción entre el artículo 129 del Proyecto constitucional frente a sus artículos 2,6 y 126.

El artículo 129 de ese Proyecto aumentaría desde 7 a 13 los miembros del CNM. Esa institución tendría 5 delegados que surgirían directamente de la Soberanía popular y 8 elegidos por otros sectores particulares.

Los cinco delegados al CNM elegidos en forma soberana serían: el presidente de la República, los presidentes de las Cámaras de Diputados y de Senadores, así como un senador y un diputado  de partidos diferentes a los que presiden las respectivas Cámaras.

Los ocho delegados al CNM que surgirían de instancias sectoriales no soberanas serían: El presidente, un ex presidente y otro juez de la Suprema Corte de Justicia, tres presidentes  de  Cortes de Apelación y los delegados de universidades y del Colegio de Abogados.

La incoherencia del cuerpo constitucional surge desde varias vertientes. La primera de ellas deriva de la ponderación del artículo 2, el cual establece que “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes del Estado. El pueblo ejerce la soberanía por medio de sus representantes o en forma directa, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes”.

¿Qué validez tendría un CNM como el organismo más determinante del Poder Judicial si no emanara de la voluntad popular o sus representantes? Es una de las paradojas institucionales que podría ser el germen de un movimiento constitucionalista  de reclamo al respeto de la soberanía popular parecido al que aconteció en 1965, con relación a la usurpación del Poder Ejecutivo.

Más aún, el artículo 6  del proyecto de reforma constitucional dominicano sentencia que “el gobierno de la nación es civil, republicano y representativo”. El artículo 126 del mismo texto admite que la Justicia emana del Pueblo y la reconoce como uno de los poderes del Estado.

El carácter republicano a que se refiere la constitución consiste en que los que detentan los poderes del Estado surgen mediante el voto directo o por representatividad de la voluntad popular, la que se expresa mediante las elecciones nacionales, locales o en algunos casos por mediación del Senado o de la Asamblea Nacional.

Como se ve, hay dos perspectivas para el análisis de los aspectos judiciales en la reforma constitucional: la modalidad de cómo se elegirían los magistrados del CNM y en segundo lugar, los relacionados a los factores tecnocráticos y de reestructuración funcional de los órganos superiores del Poder Judicial.

Los detalles de esta segunda visión es la que prima entre los expertos, a pesar de que la primera de ella tiene tanta o mayor  importancia que la reforma estructuralista del poder judicial.

El hecho de que hasta el presidente Leonel Fernández sugiera la prudencia  para que se ponderen los argumentos del magistrado Jorge Subero Isa, en el sentido de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia  sea predominante frente a una Sala o a u Tribunal Constitucional,  abre una posibilidad para que se enmiende ese germen de conflicto.

Quedaría pendiente que los representantes que surjan directa o indirectamente de la Soberanía Popular sean mayoría significativa en el Consejo Nacional de la Magistratura.

Por las mismas consideraciones fundamentadas en los artículos 2,6 y 126 del proyecto es que tiene justificación que exista una antesala de reforma  que permita la participación eficaz de la Soberanía Popular, cuando se formulen cambios esenciales a la Constitución.  Sería una notable incongruencia el hecho de que entre en vigencia un cuerpo constitucional que hasta altera a la modalidad de selección del poder judicial, el cual  no fuera refrendado por el voto de todos los ciudadanos.

Referencias

Constitucionalismo ciudadano

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Acerca de Lara Valerio

Fui técnico de perforadoras de tarjetas de 80 columnas en 1975, profesor de matemáticas del nivel medio, me gradué de ingeniero electricista. Entre 1979 hasta el 86 realicé un montón de cursos de sistemas informáticos. Trabajé en importantes proyectos de redes e internet. Espero que este fructífero acervo tecnológico sirva para el desarrollo socio-económico, la educación y las buenas prácticas de la democracia.

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