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Constitucionalismo, Democracia

Rémoras constitucionales 1844-2010

La proclamación constitucional del 26 de enero santigua una nueva era política e induce a una agenda diversificada en los ámbitos institucional, legislativo y ciudadano.

El impacto más inmediato y fulminante de ese acontecimiento es la liquidación del principio de la independencia de poderes estatales, el que se considera uno de los pilares clásicos y fundamentales de un régimen democrático.

La verdad monda y lironda es que en  el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) existirá un bloque del poder ejecutivo con 4 votos, los cuales serán  suficientes para el nombramiento de los 8 nuevos jueces  de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), así como  de las respectivas  membresía del Tribunal  Constitucional (TC) y del Tribunal Superior Electoral (TSE).

El CNM tendrá la potestad, sin fecha cierta, de la evaluación de los 8 jueces restantes de la antigua SCJ.   Ese periodo incierto socavará el relativo liderazgo e independencia del doctor Subero Isa  y condicionará su desempeño y el de uno de sus colegas en el CNM.

Así, el CNM tornará en un organismo unilateral, en el cual el rol de los 2 congresistas perredeístas será inoperante y hasta ridículo.  Más bien, el destino del sistema judicial dominicano dependerá de la íntima convicción del Presidente Leonel Fernández y de sus circunstancias políticas o jurídicas.

En apariencia, nadie se da por enterado de esta gran debilidad institucional. Una parte de la sociedad liberal está resignada, pesimista, dispersa y algunos de ellos hasta ejercieron una especie de transfuguismo ideológico, por comisión, omisión o silencio.

La mayoría de los doctos constitucionalistas dominicanos y los jueces de la SCJ donde dijeron digo, dicen diego, puesto que están más inclinados a montarse en el nuevo metro  constitucional, cuyos vagones traen premios inmediatos en el TC, TSE,  los consejos administrativos de la justicia y el ministerio público y hasta en el paquete del Defensor del Pueblo. Por eso sería menester preguntarles ¿Por qué no callan?

Posiblemente se extinguirán los jueces que usen subterfugios jurídicos para la liberación de sicarios y narcos.  Posiblemente habrá un sistema judicial y un ministerio público con gestiones administrativas más eficientes.  Mas, en el aspecto procesal y constitucional,  los casos de los fraudes bancarios y las eventualidades relacionadas con la prevaricación,  trapisondas electorales y “cirugías policiales” serán tratados en una forma muy especial y condicionada.  Diría que no habrá justicia, sino los criterios acomodaticios de un funcionariado judicial filtrado para tales fines.

La nueva Constitución insta al Congreso a la puesta en agenda de una serie de leyes  nuevas y modificaciones de otras ya establecidas.

Esta tarea legislativa tiene ante si las reformas de las leyes  169-97 y 327-98 sobre el CNM y la carrera judicial respectivamente.  En el primer caso se requiere una enmienda para la  modificación del quórum de ese organismo., si es que el Doctor Leonel Fernández lo deseara.

Se requieren, además,  nuevas leyes y reglamentos relativos al TC, TSE,  de los consejos del poder judicial y el ministerio público, organización y administración del Estado, Consejo de Ministros, Consejo Económico y Social, Consejo de Seguridad y Defensa y de Estatuto de la Función Pública.

En lo referente a los derechos ciudadanos estará pendiente el reglamento para las iniciativas legislativas populares, los plebiscitos y referendos.

Y es este punto el que reviste mayor interés debido a las serias deficiencias institucionales que trae consigo el nuevo marco constitucional.

Es perentoria una legislación de ciudadanía más integral, la cual contemple los nuevos mecanismos de participación directa y que, además, dé fundamento institucional al quehacer de los asuntos ciudadanos referentes al ejercicio de la función pública. En ese contexto estaría incluido el derecho al voto en blanco o “por ninguno” y el Registro de Iniciativa Ciudadana, RIC.

Si alguna ventaja deja el proceso de reforma constitucional es que consolidó un constitucionalismo desde la perspectiva del ciudadano, al margen de una retórica político-jurídica-academicista.  A partir de ese acontecimiento la agenda ciudadana constitucional tiene un buen punto de partida.

Es preciso repetir que cualquier iniciativa legislativa popular requerirá el 2% de firmas del padrón electoral, es decir la friolera de 121 mil firmas, una mayor cantidad que la requerida para el reconocimiento de un partido político. Este es el indicador más fehaciente de hasta qué punto llegaron los constituyentes actuales para asegurarse de que la soberanía popular tuviera algún resquicios para el control continuado de la función pública o el quehacer legislativo o capitular.

Este proceso de reforma desmanteló la creencia cuasi general de que la Constitución es algo sagrado, a lo cual el ciudadano debe rendirle culto anual en forma pasiva cada 6 de noviembre, como pautó el paradigma trujillista aún vigente.

Ahora el artículo 63, numeral 13, de la nueva Constitución insta a la formación cívica  y obliga a la enseñanza de la Constitución, principalmente en lo atinente a los derechos y garantías fundamentales.

Por eso, los nuevos escenarios del constitucionalismo ciudadano serán las escuelas, las universidades, los centros de formación de los partidos políticos y organizaciones sociales no gubernamentales, los foros reales o virtuales y todos los lugares relacionados con la formación de ciudadanía.

Estos señalamientos no están dirigidos a ciudadanos inmateriales o genéricos, sino a todos aquellos que formaron parte de este renacer del Constitucionalismo ciudadano, aquellos que sin militancia política o aún poseyéndola, vistieron la ropa de ciudadanos y nos alertaron de que existe una comunidad de intereses, de que una gran gama de personas convergen en asuntos tan trascendentes como los derechos colectivos y difusos, el derecho político para elegir y ser elegido en el interior de los partidos políticos, en el derecho de las mujeres, respecto a la eficacia del sistema judicial y ante todo en torno a la participación ciudadana.

Nuestro marco legal y constitucional es una negación de Estado democrático, el que permita que  la Soberanía Popular tenga un rol en torno a la elección y control eficaz del funcionariado público.  Es más, ahora ni siquiera el poder judicial, quien se supone el control por antonomasia en una democracia,  tiene la más mínima independencia.

Durante este proceso de reforma constitucional descubrí que una gran cantidad de líderes del PLD, del PRD y hasta del PRSC coinciden en estos aspectos. Entre ellos hay legisladores, los cuales  serían excelentes aliados para la consolidación de una ley de ciudadanía. A estos ciudadanos tan extraordinarios en el ámbito partidario les llamo a que apoyen los derechos políticos y de ciudadanía.

También conocí a personas extraordinarias, las que adjuraron a las facilidades del poder gubernamental por la defensa de principios constitucionales fundamentales, referentes  al poder constituyente de la soberanía popular o el carácter universal del ciudadano. Estos héroes constitucionalistas, precursores de estas visiones liberales son los profesores Luis Gómez y Antinoe Fiallo.  En algún momento de nuestra historia las nuevas generaciones reconocerán su rol como dos adalides en la conformación del constitucionalismo liberal dominicano.

Conocí a esta nueva generación del pensamiento crítico, los que contribuyeron al cambio de la percepción de que la juventud dominicana estaría completamente alienada por la propaganda facista, el deficiente sistema educativo y el estilo “postmoderno” de vida.  Los ubico en Toy’Jarto, Autoconvocados/ Bocealo, Juventud Caribe,  La Multitud, Coalición Verde, Acción Juvenil, Ecolucha, Esta no es mi Constitución, entre otros.

Si algún reto está por delante a partir de la vigencia de la nueva Constitución es que la tarea de la compresión  y subsiguiente enmienda de ella  no debe quedar exclusivamente en manos de panegiristas constitucionalistas, de políticos oportunistas, de intelectuales amarillentos y de la propaganda gubernamental.

Es menester que todos participemos en esta tarea formativa y constructiva de un nuevo ciudadano dominicano  que asuma diariamente un rol  más activo. No se trata de leer pasivamente un librito de la Constitución y otro de “moral y cívica”, ni de rendirle pleitesía a los mamotretos que aquella lleva implícitos.

Es algo más trascendentes, puesto que las tareas formativas de ciudadanía no sirven de nada si no contribuyen a la eliminación del clientelismo, el cual es la antítesis de casi todos los derechos fundamentales, colectivos y difusos.

Esa visión sólo es fértil en el ámbito del constitucionalismo ciudadano, al margen de presiones gubernamentales, al margen de doctos constitucionalistas condicionados a un eventual puesto burocrático, al margen de una comunidad jurídica que sólo se ocupa del control del Colegio de Abogados, al margen de jueces superiores llenos de pánico porque el nuevo esquema les somete a un control cuasi absoluto.

Sólo una ciudadanía articulada y empoderada de sus propios asuntos permitiría  la superación de las rémoras constitucionales 1844-2010, las cuales aún definen la esencia del Estado dominicano.

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Acerca de Lara Valerio

Fui técnico de perforadoras de tarjetas de 80 columnas en 1975, profesor de matemáticas del nivel medio, me gradué de ingeniero electricista. Entre 1979 hasta el 86 realicé un montón de cursos de sistemas informáticos. Trabajé en importantes proyectos de redes e internet. Espero que este fructífero acervo tecnológico sirva para el desarrollo socio-económico, la educación y las buenas prácticas de la democracia.

Comentarios

2 comentarios en “Rémoras constitucionales 1844-2010

  1. Ciertamente dada las circunstancias actuales el CNM estará conformado por un bloque de 4 votos que se estiman que obedecerán a la voluntad del Ejecutivo (el del presidente del Senado, el del presidente de la Cámara de diputados y el del Procurador General de la República) más el mismo voto del Presidente de la República.

    Ahora bien el CNM está integrado según el Art. 178 de la nueva Constitución por cuatro miembros más, lo que hace un total de 8 votos en juego.

    Mi comentario está dirigido a que la nueva Constitución no dispone lo relativo a como el CNM tomará decisiones i.e si es por mayoría absoluta o por un 3/4 parte de su membresía, etc.

    No establece cual será el número de votos necesarios para llegar a una decisión válida por el CNM.

    Cualquier luz que se pueda arrojar sobre esta puntualización será agradecida.

    Por cierto, la página está muy edificante. Gracias por la contribución al pensamiento crítico.

    Publicado por Juan | 26/01/2010, 12:04 PM
  2. Hola Juan, tu pregunta es clave. Antes el CNM tenia 7 miembros, quorum de 5 y capacidad de decisiones de 4. Sucede que los genios congresistas le agregaron un empleado de la Presidencia, el procurador sin modificar el quorum. Por tanto ahora meimbros 8, quorum y 5 y deciciones 4.
    Pero como la Suprema esta en debacle, 8 jueces se van en este año y 8 mas mas estan bajo “evaluacion” sin fecha fija, sus 2 representantes ante el CNM estaran neutralizados. Quedarian 2 congresistas perredeistas….los cuales daran pena o risa…..
    En esa coyuntura el CNM elegira la membresia del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior Electoral y 8 nuevos jueces de la SCJ…Por lo que escribes veo que eres sagaz e inteligente y sabes de politica…..Respondente tu mismo….

    Publicado por Lara Valerio | 26/01/2010, 7:00 PM

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