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Democracia

Elecciones Colombia, perspectiva dominicana

Hay un empate técnico entre el uribista Juan Manuel Santos y el opositor moderado del Partido Verde  Antanas Mockus, de acuerdo a los principales informes estadísticos sobre las elecciones presidenciales de Colombia, el 30 de mayo 2010. Habría una segunda vuelta el 20 de junio en la cual triunfaría el  verde.

Los segmentos poblacionales favorables a Mockus son la clase media, adultos y zonas urbanas. También tiene ventaja en usuarios de Facebook,  con 657 mil personas contra 162 mil de Santos.  Las fortalezas del candidato gubernamental son los jóvenes, pobres de estratos 1 y 2 y zona rural.

 La victoria verde en segunda vuelta estaría potenciada por ciudadanos independientes (26.3%), los simpatizantes de Polo Democrático (7.3%),  una ligera mayoría del Partido Conservador  ( 8.3%) y la mitad del Liberal.

Mockus presenta una tendencia alcista en ambos casos, mientras Santos fluctúo respecto a la preferencia  durante el periodo del 20 de marzo al 21 de mayo.

Una gran paradoja es que Alvaro Uribe mantiene una imagen favorable de un 73.7%, de acuerdo a Gallup. Más, Santos no refleja esa ventaja en su condición de candidato de gobierno y de su Partido de Unidad Nacional (U) .  Este ex ministro de defensa  es el principal aliado de los norteamericanos en Colombia.   Con esa ayuda fue artífice nominal de las operaciones Fénix y Jaque, mediante las cuales en el año 2008 se mató al líder de la FARC Raúl Reyes y se rescató a Ingrid Betancourt.

 Las adversidades preferenciales de Santos  se deben principalmente a que  él no es el candidato que Uribe “soñó desde niño”.  Es el responsable directo de las tensiones entre  Colombia y sus vecinos Ecuador y Venezuela. Otros inconvenientes de este economista de London y Harvard es que en el año 2007 el narcotraficante y paramilitar Salvatore Mancuso lo acusó de la trama de un golpe de Estado contra Samper y de sus nexos con los grupos del paramilitarismo estatal.

 La percepción más prevaleciente sobre Santos, a pesar de ser candidato U,  es que sería un representante por antonomasia  de la oligarquía tradicional, en una sociedad en la cual hay una debacle del antiguo Frente Nacional, aquel bipartidismo institucionalizado en el año 1958 por los partidos  liberal y conservador, en los momentos subsiguientes en que esos sectores liquidaron el caudillo popular  liberal Jorge Eliécer Gaitán.

 Y como si fuera poco, a Santos se le imputan a los llamados “falsos positivos”, los cuales consisten en una serie de ciudadanos comunes, los cuales fueron asesinados y luego calumniados como guerrilleros caídos en combate.

 En cambio,  Antanas Mockus se presenta con el lema “elijamos la legalidad democrática”,  en la cual subyace un apoyo a la política de seguridad uribista, pero  con el uso de procedimientos estrictamente legales.  Da crédito también a la política económica de Uribe. Es un matemático y filósofo con grados en París. Fue alcalde de Bogotá en 1995 y 2001. Auspició un movimiento de resistencia civil contra la FARC. Promueve la transparencia en la gestión pública. Y todo ese conjunto del discurso de Mackus es como un veneno contra Santos.

 Las encuestadoras más independientes,  Gallup y Universidad de Medellín,  son las que pronostican una victoria verde en segunda vuelta.  El informe de DATEXCO, auspiciado por el periódico El Tiempo ( propiedad de la familia Santos) prevé  un cierre impredecible en segunda vuelta ( verde 45% contra U 44%).

 El tema uribista fue puesto en primera plana dominicana por Leonel Fernández, cuando el 8 de abril expresó en Cartagena  su pesar por “el constreñimiento institucional”,  mediante el cual la Corte Constitucional colombiana rechazó una posible ley de referendo, la que permitiera una tercera postulación de Uribe.

 Esas inquietudes de Leonel respecto al caso colombiano nos inducen a una comparación político- institucional entre ambos países.  La corte referida fue instituida en Colombia durante la reforma de 1991. La incidencia del Poder Ejecutivo en la elección de su membresía es indirecta y minoritaria. Por ende, es un organismo  judicial con cierta independencia, a tal punto que dio bola negra a la participación de Uribe en estas elecciones.

 El Tribunal Constitucional dominicano, en cambio, tendrá una dependencia casi absoluta del Presidente Fernández., mediante su control del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).  Este organismo estará compuesto por 6  miembros del partido morado, un senador rojo aliado a éste y un diputado blanco de oposición.

 Adicionalmente,  es el CNM quien nombrará a por lo menos 8 nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia, todos los del Tribunal Superior Electoral y su procurador.

 Hace 16 meses traté sobre la  institucionalidad  judicial de ambos países en el artículo “Choque de trenes”, (dé clic en columna derecha). Nunca imaginé que ese documento sería tan importante para la compresión de lo que sucedió con  Uribe y respecto al debate que surgirá en víspera del 2012, cuando se decida sobre una posible tercera postulación presidencial de Fernández.

 Es evidente que la institucionalidad electoral criolla dista de la colombiana.  En ese país las “asesorías” internacionales sobre marketing político y las trapisondas durante el proceso electoral están más controladas.  Por ejemplo,  Santos recibe la asistencia estratégica de  J.J. Rendón, un venezolano experto en “rumorología” con el mismo perfil del Vengoechea que usa Leonel localmente.  Pero en Colombia está prohibido que un extranjero reciba 15 o 20 millones de dólares por esas funciones y por eso aquel “experto” confirma su ayuda “gratuita y voluntaria” al candidato Santos.    

 El tope de gastos de campaña por partido para la primera vuelta en Colombia es de 8.36 millones de dólares. Aún usted no lo crea, el anticipo o financiamiento público  por partido político es de 2.5 millones de dólares (RD$ 92 millones) para un padrón electoral de casi 30 millones de votantes. 

 En la República Dominicana, el gasto de campaña electoral es ilimitado.  El PLD y PRD recibieron la friolera de casi US$ 12 millones  (RD$ 434 millones) cada uno, 5 veces más que el Partido de Uribe).

 En el mismo sentido, Rafael Núñez, el director de la Oficina de Información Gubernamental, calificó a Participación Ciudadana (PC) como “irresponsable y desfasada”, porque publicó una evaluación sobre la publicidad política en la campaña electoral. 

 Este jefe de propaganda gubernamental limita su discurso a  los 148 millones que el PLD gastó en publicidad radio-tv en este proceso, los cuales apenas representa la tercera parte de lo que le asignó la JCE este año.

  Su artículo no menciona ni por asomo otras fuentes de recursos que ponderó PC, tales como las exoneraciones de vehículos de lujo en el congreso, el barrilito, las reparticiones de enseres domésticos de la lotería nacional, las visitas el Presidente y sus avanzadas de comedores económicos, entre otras.

 Sólo la fuente de recursos del “barrilito” se estima en RD$ 2 mil millones en el periodo 2006-2010.  Esa fabulosa cantidad de dinero cuadruplica los financiamientos anuales de la JCE a los partidos mayoritarios.

 Si se ponderara la publicidad directa y solapada mediante nóminas a decenas de “periodistas”, las nóminas CB y CI a miles de militantes del PLD, las decenas de vallas gigantes, los enseres de la Lotería Nacional, las visitas provinciales del Presidente, entre otras, entonces los gastos consolidados de propaganda gubernamental serían alrededor de 10 mil millones de pesos,  equivalente a US$ 270 millones.

 El límite de gasto para una campaña presidencial en Colombia es de US$ 8.5 millones. Tome en  cuenta que el mercado electoral  y el PIB nominal colombianos es 5 veces el dominicano.

 Dudo que los gastos por prevaricación electoral en Colombia lleguen siquiera a los US$ 30 millones.  En consecuencia, los recursos limitados juegan en contra del candidato oficialista y perdería en una segunda vuelta, de acuerdo a los estudios más confiables.

 A pesar de que en Colombia se usa  “el voto amarrado”, mediante el cual algunos grupos  neo paramilitares “amarran” a determinados ciudadanos para que lleven testimonios fotográficos de por quién ejercieron el sufragio. También persiste la compra-venta de votos.  

 Los riesgos identificados por la Misión de Observación Electoral (MOE), una ONG colombiana que analiza la campaña  son, en orden de importancia, la injerencia de los funcionarios públicos, la coacción armada, el fraude electoral y la financiación ilícita.

 Estos mismos fenómenos de corrupción electoral, fraudes durante el escrutinio,  violencia armada y represión militar son también típicos de los dominicanos.  La diferencia consiste en que en Colombia, los organismos superiores judiciales  actúan en forma independiente y aquí están completamente supeditados al poder ejecutivo. 

 Es posible que los dominicanos aventajen a los colombianos en “logística”, sistema de información  y administración electorales.  Pero también les aventajamos en la prevalencia de la impunidad. Las autoridades electorales dominicanas lo que parecen son zombis frente a los delitos flagrantes.

 tra diferencia abismal es que en Colombia la oposición es “verde” y aquí es “blanca”.  Allí 4 de los ochos candidatos fueron elegidos en buena lid en primarias internas, mientras la primaria del PRD estuvo plagada de cuantos irregularidades cupieran en su imaginación. Es un fantasma más letal  que los fraudes que se cometieron en varias provincias durante el escrutinio de las elecciones del 16 de mayo en República Dominicana.

 Al fin y al cabo, Colombia tendrá alternancia en el poder ejecutivo,  un poder judicial independiente y un sistema democrático más consolidado. Los dominicanos, todo lo contrario 

Una gran paradoja es que Alvaro Uribe mantiene una imagen favorable de un 73.7%, de acuerdo a Gallup. Más, Santos no refleja esa ventaja en su condición de candidato de gobierno y de su Partido de Unidad Nacional (U) .  Este ex ministro de defensa  es el principal aliado de los norteamericanos en Colombia.   Con esa ayuda fue artífice nominal de las operaciones Fénix y Jaque, mediante las cuales en el año 2008 se mató al líder de la FARC Raúl Reyes y se rescató a Ingrid Betancourt.

 Las adversidades preferenciales de Santos  se deben principalmente a que  él no es el candidato que Uribe “soñó desde niño”.  Es el responsable directo de las tensiones entre  Colombia y sus vecinos Ecuador y Venezuela. Otros inconvenientes de este economista de London y Harvard es que en el año 2007 el narcotraficante y paramilitar Salvatore Mancuso lo acusó de la trama de un golpe de Estado contra Samper y de sus nexos con los grupos del paramilitarismo estatal.

 La percepción más prevaleciente sobre Santos, a pesar de ser candidato U,  es que sería un representante por antonomasia  de la oligarquía tradicional, en una sociedad en la cual hay una debacle del antiguo Frente Nacional, aquel bipartidismo institucionalizado en el año 1958 por los partidos  liberal y conservador, en los momentos subsiguientes en que esos sectores liquidaron el caudillo popular  liberal Jorge Eliécer Gaitán. 

 Y como si fuera poco, a Santos se le imputan a los llamados “falsos positivos”, los cuales consisten en una serie de ciudadanos comunes, los cuales fueron asesinados y luego calumniados como guerrilleros caídos en combate.

 En cambio,  Antanas Mockus se presenta con el lema “elijamos la legalidad democrática”,  en la cual subyace un apoyo a la política de seguridad uribista, pero  con el uso de procedimientos estrictamente legales.  Da crédito también a la política económica de Uribe. Es un matemático y filósofo con grados en París. Fue alcalde de Bogotá en 1995 y 2001. Auspició un movimiento de resistencia civil contra la FARC. Promueve la transparencia en la gestión pública. Y todo ese conjunto del discurso de Mackus es como un veneno contra Santos.

 Las encuestadoras más independientes,  Gallup y Universidad de Medellín,  son las que pronostican una victoria verde en segunda vuelta.  El informe de DATEXCO, auspiciado por el periódico El Tiempo ( propiedad de la familia Santos) prevé  un cierre impredecible en segunda vuelta ( verde 45% contra U 44%).

 El tema uribista fue puesto en primera plana dominicana por Leonel Fernández, cuando el 8 de abril expresó en Cartagena  su pesar por “el constreñimiento institucional”,  mediante el cual la Corte Constitucional colombiana rechazó una posible ley de referendo, la que permitiera una tercera postulación de Uribe.

 Esas inquietudes de Leonel respecto al caso colombiano nos inducen a una comparación político- institucional entre ambos países.  La corte referida fue instituida en Colombia durante la reforma de 1991. La incidencia del Poder Ejecutivo en la elección de su membresía es indirecta y minoritaria. Por ende, es un organismo  judicial con cierta independencia, a tal punto que dio bola negra a la participación de Uribe en estas elecciones.

 El Tribunal Constitucional dominicano, en cambio, tendrá una dependencia casi absoluta del Presidente Fernández., mediante su control del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).  Este organismo estará compuesto por 6  miembros del partido morado, un senador rojo aliado a éste y un diputado blanco de oposición.

 Adicionalmente,  es el CNM quien nombrará a por lo menos 8 nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia, todos los del Tribunal Superior Electoral y su procurador.

 Hace 16 meses traté sobre la  institucionalidad  judicial de ambos países en el artículo “Choque de trenes”, (dé clic en columna derecha). Nunca imaginé que ese documento sería tan importante para la compresión de lo que sucedió con  Uribe y respecto al debate que surgirá en víspera del 2012, cuando se decida sobre una posible tercera postulación presidencial de Fernández.

 Es evidente que la institucionalidad electoral criolla dista de la colombiana.  En ese país las “asesorías” internacionales sobre marketing político y las trapisondas durante el proceso electoral están más controladas.  Por ejemplo,  Santos recibe la asistencia estratégica de  J.J. Rendón, un venezolano experto en “rumorología” con el mismo perfil del Vengoechea que usa Leonel localmente.  Pero en Colombia está prohibido que un extranjero reciba 15 o 20 millones de dólares por esas funciones y por eso aquel “experto” confirma su ayuda “gratuita y voluntaria” al candidato Santos.    

 El tope de gastos de campaña por partido para la primera vuelta en Colombia es de 8.36 millones de dólares. Aún usted no lo crea, el anticipo o financiamiento público  por partido político es de 2.5 millones de dólares (RD$ 92 millones) para un padrón electoral de casi 30 millones de votantes. 

 En la República Dominicana, el gasto de campaña electoral es ilimitado.  El PLD y PRD recibieron la friolera de casi US$ 12 millones  (RD$ 434 millones) cada uno, 5 veces más que el Partido de Uribe).

 En el mismo sentido, Rafael Núñez, el director de la Oficina de Información Gubernamental, calificó a Participación Ciudadana (PC) como “irresponsable y desfasada”, porque publicó una evaluación sobre la publicidad política en la campaña electoral. 

 Este jefe de propaganda gubernamental limita su discurso a  los 148 millones que el PLD gastó en publicidad radio-tv en este proceso, los cuales apenas representa la tercera parte de lo que le asignó la JCE este año.

  Su artículo no menciona ni por asomo otras fuentes de recursos que ponderó PC, tales como las exoneraciones de vehículos de lujo en el congreso, el barrilito, las reparticiones de enseres domésticos de la lotería nacional, las visitas el Presidente y sus avanzadas de comedores económicos, entre otras.

 Sólo la fuente de recursos del “barrilito” se estima en RD$ 2 mil millones en el periodo 2006-2010.  Esa fabulosa cantidad de dinero cuadruplica los financiamientos anuales de la JCE a los partidos mayoritarios.

 Si se ponderara la publicidad directa y solapada mediante nóminas a decenas de “periodistas”, las nóminas CB y CI a miles de militantes del PLD, las decenas de vallas gigantes, los enseres de la Lotería Nacional, las visitas provinciales del Presidente, entre otras, entonces los gastos consolidados de propaganda gubernamental serían alrededor de 10 mil millones de pesos,  equivalente a US$ 270 millones.

 El límite de gasto para una campaña presidencial en Colombia es de US$ 8.5 millones. Tome en  cuenta que el mercado electoral  y el PIB nominal colombianos es 5 veces el dominicano.

 Dudo que los gastos por prevaricación electoral en Colombia lleguen siquiera a los US$ 30 millones.  En consecuencia, los recursos limitados juegan en contra del candidato oficialista y perdería en una segunda vuelta, de acuerdo a los estudios más confiables.

 A pesar de que en Colombia se usa  “el voto amarrado”, mediante el cual algunos grupos  neo paramilitares “amarran” a determinados ciudadanos para que lleven testimonios fotográficos de por quién ejercieron el sufragio. También persiste la compra-venta de votos.  

 Los riesgos identificados por la Misión de Observación Electoral (MOE), una ONG colombiana que analiza la campaña  son, en orden de importancia, la injerencia de los funcionarios públicos, la coacción armada, el fraude electoral y la financiación ilícita.

 Estos mismos fenómenos de corrupción electoral, fraudes durante el escrutinio,  violencia armada y represión militar son también típicos de los dominicanos.  La diferencia consiste en que en Colombia, los organismos superiores judiciales  actúan en forma independiente y aquí están completamente supeditados al poder ejecutivo. 

 Es posible que los dominicanos aventajen a los colombianos en “logística”, sistema de información  y administración electorales.  Pero también les aventajamos en la prevalencia de la impunidad. Las autoridades electorales dominicanas lo que parecen son zombis frente a los delitos flagrantes.

 Otra diferencia abismal es que en Colombia la oposición es “verde” y aquí es “blanca”.  Allí 4 de los ochos candidatos fueron elegidos en buena lid en primarias internas, mientras la primaria del PRD estuvo plagada de cuantos irregularidades cupieran en su imaginación. Es un fantasma más letal  que los fraudes que se cometieron en varias provincias durante el escrutinio de las elecciones del 16 de mayo en República Dominicana.

 Al fin y al cabo, Colombia tendrá alternancia en el poder ejecutivo,  un poder judicial independiente y un sistema democrático más consolidado. Los dominicanos, todo lo contrario.

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El voto, una ficción

Choque de trenes judiciales

Perfil de Antanas Mockus

Encuesta Gallup 20.05.2010

Encuesta periodico El Tiempo ( propiedad familiar de Santos)

 

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Acerca de Lara Valerio

Fui técnico de perforadoras de tarjetas de 80 columnas en 1975, profesor de matemáticas del nivel medio, me gradué de ingeniero electricista. Entre 1979 hasta el 86 realicé un montón de cursos de sistemas informáticos. Trabajé en importantes proyectos de redes e internet. Espero que este fructífero acervo tecnológico sirva para el desarrollo socio-económico, la educación y las buenas prácticas de la democracia.

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