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Democracia

Vigésimo aniversario de la Constituyente colombiana

Por: Valerio Lara       7Dias.com.do

Portada constitucion colombia y de republica dominicanaUno de los momentos más importantes del desarrollo institucional de Colombia  sucedió el día  5 de febrero de 1991,  cuando se instauró una Asamblea Nacional Constituyente, elegida por la soberanía popular y auspiciada principalmente por los estudiantes de las universidades públicas y privadas de Bogotá.  Ese proceso, llamado “La Séptima”,  culminó con la proclamación de la Constitución de 1991.

Desde el año 1886 predominó en Colombia un régimen constitucional casi inalterable y conservador, católico, presidencialista, representativo, no participativo y negador del poder constituyente primario de la soberanía popular.

Fue mi nuero colombiano Juan Vivas, quien evocó ayer aquel acontecimiento, cuando escuchó que aquí en República Dominicana instauramos  también una supuesta “revolución democrática”, mediante la imberbe Constitución del año 2010.

De inmediato estuvimos compelidos a las comparaciones entre ambas constituciones.

La iniciativa de la inclusión de una séptima papeleta anexa en las elecciones legislativas y municipales de 1990, en Colombia, surge al margen, a pesar del partidismo político.  Esta tenía sólo carácter consultivo y hasta utópico, en torno a la conveniencia de una reforma constitucional mediante una constituyente al margen del Congreso.

Desde 1988, el entonces presidente colombiano, Ingeniero Virgilio Barco (EPD), durante los  acuerdos de desmovilización de las guerrillas M-19  pretendió una reforma Constitucional, denominada “Referendo Extraordinario por la paz y la democracia”. Fracasó en ese intento, debido a que el sector del narcotráfico,  Pablo Escobar a la cabeza, formuló la constitucionalización  de la prohibición de la extradición de colombianos.

Los asesinatos del magistrado y catedrático universitario  Carlos Valencia, de cuatro candidatos presidenciales, inclusive a Luis Carlos Galán y de varios magistrados encendió la pradera constitucionalista en todas las aulas universitarias, hasta culminar con “La Marcha del silencio” y luego la legitimación de una Constituyente, a pesar de que tal figura nunca estuvo prevista  en el régimen constitucional que prevaleció en Colombia durante 105 años.

En el contexto de la crisis profunda del momento, permeada también por el tema de la extradición y las guerrillas, la Constituyente se visualizó como una panacea frente a tanta adversidad.  Tal vez por eso fue santiguada en lo contencioso por una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, en lo administrativo por un decreto presidencial del presidente Barco y en lo político, por diversos sectores del Partido Liberal y del M-19, algunos conservadores, democristianos y  del movimiento indígena.

En el caso de dominicano, fue un afán particular, la premura para evitar la liquidación política de Leonel Fernández, el  que indujo al proceso de reforma constitucional. Este engendro constitucionalista fue elaborado por una comisión nacional palaciega, santiguado desde una universidad católica y luego corroborado en forma expresa o “correburrado”, como diría Juan Goico Alix,  por un Congreso amarrado con las corbatas azules de los sectores conservadores.

Los candidatos de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) colombiana fueron postulados a través de los partidos políticos, pero elegidos mediante el voto popular el 9 de diciembre de 1990. Es así como la ANC se incorpora ese memorable 5 de febrero de 1991, para regocijo de la juventud universitaria colombiana.

Este contexto institucional es quien mejor explica la paradoja en que el presidente Uribe, cuando estuvo en el tope de la popularidad y con la mejor retórica de América Latina, se  le impidiera una tercera postulación presidencial consecutiva mediante sentencia de la Corte Constitucional en el año 2010, la que declaró inconstitucional un referendo aprobado por el Congreso.

En cambio, en el contexto institucional dominicano reina una total incertidumbre y mora constitucional. El Congreso aún no termina de aprobar las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional (TC) y del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Tampoco nadie sabe con cuáles criterios se preseleccionan en forma solapada los eventuales jueces del TC y del Tribunal Superior Electoral (TSE).  El poder judicial dominicano está doblegado por el poder presidencial en todas sus jurisdicciones.  Aunque jurídicamente la tercera postulación consecutiva está totalmente prohibida,  la desconfianza en nuestra institucionalidad es tal, que nadie se atreve a fiarse estrictamente de lo que dice la Constitución.

Siempre se supo que aquí los nominales 3  poderes del Estado estuvieron separados, pero dependientes del Ejecutivo. Siempre se supo que predominó el marco constitucional santanista de 1844. Pero ese presidencialismo tradicional ahora fue liquidado en el año 2010, para la instauración de una dictadura con respaldo constitucional, la cual tiene la virtud de trascender al simple presidencialismo, de sobreponerse a los próximos presidentes.

Es evidente que estamos ante la eventualidad de una ruptura del estado de derecho, en la medida que un futuro presidente se desmarque y pretenda autonomía  gubernativa  al margen de este modelo institucional.

Es así como  pudiera explicarse la paradoja de que a pesar del narcotráfico, narcoguerrilla,  narcoparamilitarismo, falsos positivos, choque de trenes judiciales, el afán reeleccionista de Uribe,  las chuzadas o espionaje estatal y la debacle de sus partidos tradicionales, Colombia reporta una fortaleza institucional superior a República Dominicana.

Los únicos factores institucionales percibidos por los colombianos peores que el de los  dominicanos son el crimen organizado y el costo del terrorismo, a pesar de la debacle de la FARC.

Es decepcionante que los dominicanos tengamos una percepción más pesimista que los colombianos respecto al crimen y la violencia, no obstante a que en ese país opera una guerrilla tradicional, un intenso narcotráfico y decenas de personas aún permanecen secuestradas.

Otros indicadores de la competitividad institucional en los que nos superan son : la independencia judicial, la  confiabilidad del servicio policial, percepción de la corrupción, distracción recursos públicos y eficiencia del gasto público. Ni hablar de que la República Dominicana está clasificada como lo peor del mundo en el favoritismo en decisiones gubernamentales, de acuerdo al último reporte de competitividad global del Foro Económico Mundial.

Pero si estos indicadores institucionales no fueran tan convincentes, recurramos a las diferencias constitucionales puntuales entre ambos países.

El Tribunal Constitucional de Colombia lo integran 9 magistrados, elegidos por el Senado, pero postulados por el Presidente de la República, La Corte Suprema y el Consejo de Estado ( Contencioso-administrativo), en forma completamente proporcional, 3 cada uno.

En cambio, el TC dominicano será elegido en la coyuntura de un CNM totalmente controlado por el Presidente de la República.

Sobre la efectividad de la justicia constitucional colombiana, se resaltan sus  sentencias sobre  la constitucionalidad de una segunda postulación consecutiva de Uribe y la inconstitucionalidad de una tercera, la despenalización parcial del aborto y el veto al acuerdo militar entre USA y Colombia.

La Corte Suprema colombiana procesó el paramilitarismo, condenó por prevaricación reeleccionista a Yidis Medina y mantiene un proceso contra las “chuzadas” o espionaje del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

En cambio,  la SCJ dominicana, en función de TC, mantiene soluciones inciertas y disgregadas del derecho internacional del asunto de los descendientes  de inmigrantes haitianos, dio una solución cuestionable al caso Sun Land, se hace de la vista gorda ante violaciones flagrantes del derecho a la vida  y de decenas de leyes vigentes.

Pero donde existe una diferencia notable entre ambos marcos constitucionales es en las instancias ciudadanas de participación directa.

La Constitución de Colombia contempla los referendos aprobatorios y revocatorios de leyes y normas, el revocatorio de mandato de funcionario público electo. el plebiscito nacional,  la iniciativa popular en los aspectos  legislativa y constitucional, así como la elección directa de los miembros de la Asamblea Constituyente.

La Constitución dominicana prevé la figura del referendo, la iniciativa popular legislativa y el plebiscito, pero todos mediatizados. En ese sentido, impide en forma taxativa el referendo revocatorio de mandato de funcionario público electo y  limita el plebiscito a lo municipal. Pero lo más grave, no prevé la iniciativa popular de reforma constitucional, ni mucho menos la elección directa y particular de los constituyentes al margen del Congreso.

En fin, a veces uno se cuestiona si la propaganda gubernamental dominicana sería  más perniciosa que la guerrilla colombiana, si el secuestro de los medios de comunicación dominicanos y sus “periodistas” es peor que el secuestro de miles de colombianos inocentes, si el “clientelismo solidario” y las nominillas CB y CI son peores que los falsos positivos y las chuzadas colombianas.

A veces uno se sorprende ante la paradoja de que en el contexto de hace 20 años, entre la adversidad de violencia extrema, invadida por el narcotráfico y las guerrillas, el pueblo colombiano pariera una constitución más racional y efectiva que la dominicana, un país que se jacta de una paz y estabilidad macroeconómica también extrema.

El gobierno dominicano responde…

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Acerca de Lara Valerio

Fui técnico de perforadoras de tarjetas de 80 columnas en 1975, profesor de matemáticas del nivel medio, me gradué de ingeniero electricista. Entre 1979 hasta el 86 realicé un montón de cursos de sistemas informáticos. Trabajé en importantes proyectos de redes e internet. Espero que este fructífero acervo tecnológico sirva para el desarrollo socio-económico, la educación y las buenas prácticas de la democracia.

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