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Constitucionalismo, Derechos Humanos, dictadura constitucional, Trujillo

Semántica en sentencia TC168

Tránsito, en tránsito, transeúnte, transitorio

La sentencia TC/168/2013 del Tribunal Constitucional dominicano menciona el término “tránsito” 99 veces. Tal documento, de 145 páginas, también nombra, en menor grado, sus derivados transeúnte, transitorio y transitoriedad.

La clave de esta decisión es un set semántico articulado con estas palabras, en vez de las normas constitucionales. Esa superficialidad pone en juego la nacionalidad dominicana de, al menos, 210 mil personas, bajo el alegato de que ellas fueran descendientes de extranjeras transeúntes.

El TC recurre a la autoridad del Diccionario de la Lengua Española (RAE, 2001), el cual define transeúnte como: “2. adj. Que está de paso, que no reside sino transitoriamente en un sitio“.

También menciona lo que este libro acepta como transitorio: “1. adj. Pasajero, temporal”.

Transmuta el adjetivo temporal. Se vale del Diccionario del Español Actual (Manuel Seco, Madrid, 1999), el cual define tal vocablo como “que dura solo cierto tiempo”, también opina que: “Esta situación poco humana, que pudiera y debiera ser transitoria, se transforma en definitiva”.

Apela al Diccionario Hispanoamericano de Derecho (Bogotá, 2008) para la interpretación jurídica de la frase “extranjero transeúnte”. En tal sentido, la cita como: “persona que está en un lugar o localidad que no es su domicilio o residencia, en el que no se asienta de modo fijo con intención de permanencia sino solo temporalmente”.

Infiere que: “En el ámbito del Derecho Civil, la noción de extranjero transeúnte equivale a la de extranjero en tránsito en Derecho Migratorio” (sic).

Considera extranjero en tránsito o transeúnte a quien permaneciera en forma indefinida en el territorio nacional sin que adquiriera la naturalización, al margen de que ingresara en forma legal o ilegal, a partir de 1929.

Con retruécano de los vocablos tránsito, transeúnte y transitorio, se deduce en la TC168 el que miles de personas no poseen derecho a la nacionalidad dominicana.

 

Mediante un retruécano de los vocablos tránsito, transeúnte y transitorio, deduce que miles de personas no poseen derecho a la nacionalidad dominicana.

Solución personas en tránsito es administrativo, no constitucional

Más, no crean que tal resolución fuera atribuible en forma exclusiva a los aproximadamente 458 mil personas nacidas en Haití y a otros extranjeros, quienes permanecen en tránsito o son transeúntes en República Dominicana, registrados o informalmente.

Si fuera el caso, entonces no sería un asunto de materia constitucional, sino administrativa, de control migratorio y registro civil eficaces. Para la enmienda de tal fenómeno bastaría con la formulación de un proyecto, sustentado en un presupuesto, cuyo objetivo sería la realización de un plan de regularización migratoria. En tal sentido se repatriaría o se ratificaría permiso inmigratorio a quien correspondiera, respectivamente.

A lo más, se tomaría en cuenta el que una parte de esos extranjeros, calificados de transeúntes, entraron al país en base a convenios entre la República Dominicana (RD) y Haití.

Esos convenios binacionales datan desde 1939. El tratado de mayor impacto inmigratorio hacia RD se inició en 1952 y se mantuvo hasta el año 1962. En ese lapso entraron anualmente al país un estimado de 19 mil jornaleros haitianos picadores de caña.

Luego en el periodo 1962-1986 ese convenio derivó en tripartito, entre el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), el Estado haitiano y cada persona inmigrante, pero con el mismo impacto inmigratorio.

Como esa mano de obra contratada en aquellos momentos no satisfacía la demanda de la industria azucarera, las empresas del sector reclutaban, además y en forma ilegal, miles de haitianos. Ese grupo son los denominados “ambafil“, quienes aún traspasan la frontera informalmente, ya por iniciativa propia.

Una gran parte de estos haitianos, tanto contratados como “ambafiles”, eran recluidos en bateyes, los cuales son jurisdicciones dominicanas ad hoc. Estos cuasi parajes, instituidos sin límites temporales, están bajo la autoridad administrativa de las principales empresas azucareras, la gubernamental inclusive.

Pero el dictamen constitucional no se limita a considerar extranjero en tránsito a cada uno de esos inmigrantes. Señores, esa medida abarca también a los descendientes ellos. En consecuencia, despoja de la nacionalidad a una parte minoritaria de la población dominicana.

Derecho a nacionalidad de personas descendientes

Durante el periodo 1929-2010, la Constitución dominicana cedía nacionalidad en forma incondicional por el derecho al suelo a las personas nacidas en su territorio.

Esa norma estuvo complementada de forma taxativa en el Código Civil y la ley de migración, la que estuvo vigente en el lapso 1939-2004.

Por tal razón, la resolución del TC afecta a por lo menos 244 mil personas descendientes de extranjeros, la mayoría de ellos de origen haitiano.

Es una gama de personas de todas las edades, quienes en su mayoría están asentadas en el registro civil, poseen cédulas, pasaportes, tienen correlacionados contratos, títulos académicos e inmobiliarios, visas de otros países y diversos compromisos, bajo el estatus de ciudadanos dominicanos.

Al margen de si en algunos casos el proceso de su registro civil fuera viciado, aun así estas personas no serían extranjeras en tránsitos ni transeúntes, sino dominicanas.

Cada descendiente de extranjero, en la mayoría de los casos, vive aquí desde su nacimiento, bajo el amparo del derecho a suelo que le concedió la misma Constitución en un determinado momento.

Tal drama es un azúcar amarga, pero es nuestra azúcar. La rectora del registro civil dominicano, Junta Central Electoral, edulcora tal percepción bajo el sofisma de que todo se limita a 14 mil descendientes de haitianos registrados en forma irregular.

Más, el meollo consiste en que el TC atribuye una condición de transitoriedad a los descendientes de extranjeros, mediante una medida de carácter hereditaria y retroactiva, lo cual es anticonstitucional. Así lo consideran dos juezas con votos disidentes sobre la sentencia de marras.

Es solo la Constitución dominicana del año 2010 la que condiciona el derecho a la nacionalidad de las personas nacidas en suelo dominicano cuyos padres sean extranjeros. Pero esta nueva normativa es indiscutible en el sentido de asegurarle tal estatus a quien antes ya lo tuviere.

El artículo 18 de esta Carta Magna, numerales 2 y 3, expone que son dominicanos:

2) Quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución;

3) Las personas nacidas en territorio nacional, con excepción de los hijos e hijas de extranjeros miembros de legaciones diplomáticas y consulares, de extranjeros que se hallen en tránsito o residan ilegalmente en territorio dominicano. Se considera persona en tránsito a toda extranjera o extranjero definido como tal en las leyes dominicanas;

Resumen

En resumen, el TC apeló a recursos semánticos artificiosos para el fundamento de una sentencia contrapuesta a principios y normas constitucionales.

Ese dictamen afecta derechos fundamentales de un grupo de personas, principalmente de dominicanos descendientes de haitianos.

El aspecto jurídico y sobre derechos humanos del affaire constitucional correspondería tratarse ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Más, tal desenvolvimiento semántico del TC constituye un reto a la comunidad lingüística, en sus aspectos lógico y ético.

El ser y el parecer

Es una vergüenza que la lengua castellana, como una de la más noble expresión humana, sea trastocada con un recoveco semántico, para justificar una sentencia que carece de razones jurídicas y viola los principios de los derechos humanos.

Andrés L. Mateo, miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua, reflexiona sobre algo semejante, cuando se refiere al parecer y el ser. El primero como palabrería trastorna a la realidad. Afirma Mateo que:

Casi se puede decir que, entre nosotros, las palabras han sustituido la propia experiencia de la realidad. Y ya no significan sino la estrecha imaginería del hablante, el reducido referente semántico de sus intereses, el empedrado ruedo de las estrategias políticas inmediatas.

Y es por eso que apelo a la atención de ustedes. Se advierte que la palabra la conducen hacia derrotero degenerativo, como callante vulgar de la realidad.

Si la propaganda es con frecuencia ominosa, la publicidad a veces traqueo, es aún más desconcertante el que instituciones superiores usen la palabra como materia prima del ilusionismo semántico, más cuando este lacera la dignidad humana o tira por la borda derechos fundamentales.

La palabra clama ante ustedes.

Referencias relacionadas

 

Atentamente,

Valerio Lara

Santo Domingo, República Dominicana.

Email: valeriolara@hotmail.es , Tuit: @bonocimarron

Acerca de Lara Valerio

Fui técnico de perforadoras de tarjetas de 80 columnas en 1975, profesor de matemáticas del nivel medio, me gradué de ingeniero electricista. Entre 1979 hasta el 86 realicé un montón de cursos de sistemas informáticos. Trabajé en importantes proyectos de redes e internet. Espero que este fructífero acervo tecnológico sirva para el desarrollo socio-económico, la educación y las buenas prácticas de la democracia.

Comentarios

Un comentario en “Semántica en sentencia TC168

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